El
comienzo del 2004 ha traído al colectivo de personas sordas la posibilidad
de contar con un intérprete de LSE ante un tribunal de justicia. Hasta
ahora, las personas sordas tenían que enfrentarse a serios problemas
de incomunicación cada vez que tenían que acudir al poder judicial,
dado que la ley no reconocía el derecho de este colectivo a usar los
servicios de intérpretes en los tribunales. Era decisión del juez proporcionar
el intérprete requerido o denegar tal petición y obligar al afectado
a declarar por escrito.
Con esta reciente y revolucionaria reforma la situación de quienes
no pueden oír mejora sustancialmente: su situación se equipara a la
de los extranjeros residentes en España a quienes se les reconoce desde
hace años el derecho a contar con intérpretes de sus respectivas lenguas
al ser interrogados, prestar declaración o acceder a una resolución
judicial ante un tribunal.
La Confederación Nacional de Sordos (CNSE) ha mostrado su satisfacción
ante la puesta en marcha de esta disposición ya que supone "una ruptura
con los siglos de indefensión jurídica y discriminación real hacia las
personas sordas por el mero hecho de no poder oír". Desde la CNSE afirman
que, de esta forma, el Ministerio de Justicia ha cumplido uno de los
principales compromisos que había adquirido durante el pasado año 2003,
Año Europeo de la Discapacidad.